Vaya por delante que soy un hombre pacífico, ni más ni menos supongo que tantas y tantas personas de nuestra sociedad y del resto del mundo. Son las circunstancias las que te acercan o te alejan de la violencia.
Yo no puedo condenar la violencia del que se venga de la agresión a sus seres queridos, y estoy seguro que en una tal tesitura actuaría igual, por lo menos a sangre caliente. Ni del que actúa en legítima defensa, o en defensa de otros que no se pueden defender por si mismos.
Hay una violencia legítima y una violencia ilegítima. De la misma forma que hay una violencia oportuna y una violencia inoportuna.
Teóricamente, la única violencia legítima es la que ejerce el estado, que detenta su monopolio. En una democracia representativa, como es formalmente la nuestra, al depositar el voto depositamos también nuestro derecho a ejercer la violencia en manos del estado. Y el estado siempre tiene como último recurso la violencia. Si alguien se opone de forma contumaz a los designios del estado, más pronto o más tarde chocará con la violencia o con la amenaza disuasoria de la violencia.
Pero ¿qué pasa cuando el estado ejerce, por acción u omisión, la violencia contra la propia sociedad? En ese caso se produce una situación de violencia estructural que deslegitima al estado, cuya principal y prácticamente única función debe ser velar por el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Poco importa en estos casos la forma del estado, si hablamos de una monarquía o de una república, de una dictadura o de una democracia. El estado sirve al pueblo y no al revés y cuando el estado se revuelve contra el pueblo o permite que éste sea agredido por otros, falta al espíritu de las leyes y, aunque mantenga el poder, pierde cualquier principio de autoridad.
El estado, o, mejor dicho, los poderes que pilotan el estado, singularmente el gobierno -el poder ejecutivo-, pero también el legislativo y el judicial, cumplen básicamente funciones de liderazgo, control social y resolución de conflictos, además de defender la soberanía nacional frente a injerencias externas, pero insisto, todo ello al servicio de la población, que simplemente delega estas funciones en sus manos. El estado debe ser un humilde servidor del pueblo, en el que radica toda legitimidad y soberanía y no de ninguna otra entidad divina o humana, singular o corporativa.
Cuando los políticos se presentan a las elecciones afirman que lo hacen para servir al pueblo. Pues bien, esta es exactamente la cuestión, cuando el estado pierde la brújula y deja de servir al pueblo para servirse de él, o para servir a otros, o para servir a una parte del pueblo en detrimento del conjunto… deja de constituir una autoridad para constituirse simplemente en un poder que se ejerce no para la población sino sobre la población, como cuando se produce una invasión, se convierte en algo así como una fuerza de ocupación o en una cofradía al servicio de la plutocracia.
Todo esto viene a colación, naturalmente, de los actos de violencia que se registraron en Barcelona en el curso de la manifestación que culminó la huelga general del pasado 29 de marzo.
Vaya por delante mi más absoluta condena a los actos de vandalismo que se produjeron por parte de un grupo de manifestantes perfectamente organizados y también contra quienes pudieran aplaudirles y jalearles. La violencia que ejercieron contra las cosas (que no contra las personas) fue ilegítima e inoportuna.
Si lo que pretendían era dar una respuesta a la violencia estructural del sistema, había otras formas y lugares para hacerlo, no en el contexto de una manifestación pacífica donde sabían perfectamente que lo que iban a provocar era una reacción imprevisible de la policía que no recaería especialmente sobre ellos sino sobre el conjunto de los manifestantes, como así fue. Es una estrategia oportunista que pretende aprovechar la gran cantidad de personas que nos reunimos para magnificar los hechos y tensar la situación.
¿Qué esperan conseguir con ello? ¿Qué la gente salga a tomar La Bastilla? Saben muy bien que esto no va a suceder, es la tensión por la tensión, y eso, en lugar de llevar cada día más gente a la calle, alcanzar el apoyo de una mayoría social, que es el único camino para ganar este pulso, lo único que va a conseguir es radicalizar a una minoría y alejar al resto de las personas. Una victoria para el estado y para los mercados servida en bandeja.
Y conste que no estoy pensando en ningún momento en alianzas contra natura, la palabra que me viene a la cabeza cuando intento reflexionar sobre el por qué de aquellos actos vandálicos es autismo.
Vivimos, ya lo he dicho, una situación de violencia estructural sobre las personas. Por la ambición de unos cuantos y con el beneplácito y la cooperación necesaria del estado, hay personas que viven en la miseria, que pierden sus casas, que se suicidan frente al desamparo en que han quedado sus familias, que mueren o enferman por el progresivo deterioro de la sanidad pública, que no pueden planificar sus vidas y sólo vislumbran oscuridad en su futuro, que ven rebajada su condición humana al nivel de una mercancía… Todo eso es violencia, mucho más grave que unos ocasionales actos vandálicos, y no sólo la condeno firmemente sino que lucho contra ella, pacíficamente, cada día.
No voy a condenar a quienes se defendieron como pudieron de las embestidas indiscriminadas de la polícía. Eso es legítima defensa y en unas condiciones de inferioridad que recordaban a las de los Lakota en Wounded Knee.
¿Por qué la policía agrede a la población sin distingos en lugar de separar y detener a quienes han cometido los actos vandálicos? Ante un grupo organizado, a un cuerpo de policía eficaz y preventivo no le debería resultar tan difícil aislar estos hechos, máxime cuando se produjeron junto al grueso de la manifestación pero no dentro de ella.
¿Incapacidad o conveniencia? No lo sé, lo que sí sé es que las cargas y disparos indiscriminados de la policía y los actos vandálicos anteriores habrán tenido una misma consecuencia: alejar a la gente menos radicalizada de las calles. En cualquier caso, es inadmisible, como sucedió, que la policía dispare indiscriminadamente sobre los manifestantes casi en su totalidad pacíficos. Tengo, tenemos todo el mundo que estuvo allí, testimonios de personas heridas que se habían estado manifestando pacíficamente y se vieron acorraladas en la plaza de Cataluña. Nada justifica eso.
La situación, pues, es compleja.
La agresión de los intereses capitalistas hacia la población española, y mundial, así como la complicidad necesaria de los gobiernos, es criminal. La actuación de la policía desproporcionada, indiscriminada, lejos de criterios profesionales y con una apariencia más de represión política que de preservación del orden. Y los actos vandálicos que llevaron a cabo los grupos organizados igualmente condenables y además contraproducentes.
Puedo entender que actuen en legítima defensa contra quienes están ejerciendo una violencia de tan gran calado en la población (y no me refiero a la policia), pero que actúen en otra parte, que se enfrenten con los culpables en su terreno, sin comprometer a todos aquellos y aquellas que queremos cambiar las cosas por el camino de movilizar amplias mayorías pacíficas. Yo no les impongo mi camino mediante la palabra y la visibilidad pública del malestar, que ellos no me impongan a mí un camino de violencia aunque actúen como meros provocadores para que esta violencia la ejerzan los otros, la policía.
Todos somos mayorcitos y sabemos quién es quién, cómo están las cosas, y cómo elegimos luchar. Un respeto.
