Una compañera me recordaba que, a pesar de que todas y todos lo estemos pasando mal, hay personas que viven en un estado de necesidad permanente, sin ingresos, sin techo… y esto se puede agravar mucho si se desgarra el cada vez más debilitado tejido social de la familia, que es el último dique de solidaridad que mantiene a tantas personas subsistiendo por encima de la miseria pura y dura.
Este hecho me ha movido a escribir este artículo, en forma de carta abierta al presidente del gobierno, sin entrar en el fondo de los problemas sino tan sólo proponiendo soluciones paliativas ante una posible catástrofe humanitaria de unas dimensiones que, afortunadamente, las generaciones que actualmente vivimos en este país no hemos conocido.
Sé que con esto no se arreglan los males que nos aquejan, pero hay situaciones de emergencia que cada vez afectarán más y más gravemente a un mayor número de personas y eso no tiene espera. Ojalá que alguna de estas medidas se aplicase y con ello evitáramos que muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas cayeran en el más negro pozo de la desesperación, o, en otros casos, pudieran salir de él.
Tengo la intención de mandar esta carta a los periódicos, y también a la Moncloa. No sé si nadie la va a publicar o siquiera a leer, pero a todas aquellas y aquellos que la leáis y penséis que pueda ser bueno que se conozca, aunque sea para crear estado de opinión al respecto, os ruego que la difundáis. La carta:
Señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España:
Aunque la distancia ideológica que nos separa es muy grande, me animo a dirigirme a usted por dos razones. En primer lugar porque, como presidente del gobierno, es usted el máximo responsable del bienestar de nuestros conciudadanos y conciudadanas, y en segundo lugar porque no tengo ninguna razón para dudar de que esté usted tan atormentado, por lo menos, como yo, por la situación de necesidad permanente en que viven las clases más desfavorecidas de nuestro país.
En estos momentos tenemos casi cinco millones de parados y paradas y los deshaucios, consecuencia en gran parte de lo anterior, son una realidad cotidiana. Su gobierno ha aprobado una reforma laboral, en la que no voy a entrar, que usted mismo ha dicho que sólo creará empleo a medio plazo. Ojalá tenga razón. Pero nuestra situación no puede esperar a hipotéticas soluciones a medio plazo. El paro no ha causado aún una catástrofe irreparable porque la red de parentesco, la familia, aún funciona como último reducto de la seguridad social, en el sentido literal del término. Pero, si el paro aumenta y además los ingresos de los trabajadores se ven reducidos por recortes e impuestos, este muro de contención estallará en mil pedazos y entonces el estado de necesidad permanente de millones de personas puede arrastrar la economía del país a una situación de difícil retorno. Podemos soportar muchas cosas, pero no podemos afrontar un desastre de tamaña magnitud. Toda sociedad tienes unos límites de cohesión social, más allá de los cuales reina el caos
Creo que es absolutamente necesario que el Estado intervenga, a pesar de los ajustes que impone la Unión Europea en la deuda y el déficit público. No existe otro agente que lo pueda hacer.
Esta intervención debería producirse muy principalmente en la creación de puestos de trabajo, pero también en la protección del acceso o la conservación de la vivienda.
Dado el contexto económico y político en que nos encontramos, propongo que, para crear puestos de trabajo, se implante un nuevo impuesto ad hoc, un impuesto finalista dirigido a los estamentos más acaudalados de nuestra sociedad. Las clases medias ya han hecho todos los sacrificios posibles. Llegó el momento de que quienes detententan la riqueza del país, sea en forma de rentas, capitales de cualquier procedencia o patrimonio, los hagan también. Porque, cuando se corre el riesgo real de que la solidaridad familiar entre en quiebra, la única solución posible es que se ponga en marcha la economía redistributiva, aunque sea limitada y con una duración sujeta a la recuperación del mercado de trabajo. En caso contrario, las consecuencias pueden ser dramáticas y el curso de los acontecimientos imprevisible.
Evidentemente un impuesto de esas características no puede acabar con el paro, pero sí reducirlo, reforzando indirectamente el tejido familiar y la economía en general. En este sentido, propongo que se prioricen tres tipos de ocupaciones:
-Las que se apliquen a facilitar la finalización o ejecución de obras públicas necesarias para mejorar la competitividad económica en diversos sectores.
-Las que se apliquen a permitir la recuperación del normal funcionamiento de servicios básicos de salud, educación, dependencia, etc., que, en algunos casos, se han recortado hasta niveles críticos, comprometiendo su funcionalidad actual y su excelencia futura.
-Las que apliquen a fomentar la inversión en talento, especialmente de jóvenes, en nuevas actividades productivas caracterizadas por la competitividad y la innovación.
Finalmente le propongo que, aparte de la dación en pago para solventar hipotecas que no se pueden recuperar más allá de esta renuncia, ya de por si extremadamente dolorosa, se potencie decididamente el alquiler social. Se implante legalmente el contrato indefinido con aumento según el IPC como forma habitual de contrato y se obligue, mediante ley o gravamen, a poner en alquiler, bajo esas condiciones, todas las viviendas vacías, ya pertenezcan a particulares o a entidades financieras, inmobiliarias, etc. , con la administración como garante para propietarios e inquilinos, como se ha hecho en algunas comunidades, y como tasador de oficio que fije los precios mínimos y máximos del alquiler según zonas y características de las viviendas. Con esto se conseguiría, no sólo facilitar el acceso a la vivienda, sino también obtener una liquidez de tantos y tantos inmuebles que actualmente constituyen un pasivo improductivo y, además, fomentar la movilidad tan necesaria, ahora y en el futuro, para la economía globalizada.
Estoy seguro de que estas medidas, y especialmente las referidas a la ocupación, que requieren un esfuerzo relativamente moderado y dirigido tan sólo a aquellos estamentos que más capacidad tienes de hacerlo sin ver menguada la calidad de sus condiciones de vida, no suponen tan sólo una obligada actuación en defensa de los sectores más desprotegidos y una garantía contra el inminente peligro de fractura estructural de nuestra sociedad, sino la inversión más rentable que se puede acometer.
Un gobierno soberano ha de ser capaz de imponer estas medidas, de la misma manera que lo ha hecho con otras, máxime cuando de ellas depende que el país no se despeñe en el abismo y, contrariamente, pueda reanudar, aunque sea tímidamente, el engranaje de la recuperación económica y el camino del bienestar.
Reciba un atento saludo, Llorenç Prats
