Yo, como miembro del pueblo soberano de este país, consciente del precario estado de nuestra economía, al cual nos han conducido la especulación, la mala administración y los excesos de todo tipo, así como de la necesidad de recuperar la senda de la cordura mediante una drástica política de ajustes y contención del gasto, propongo:
1.- Nacionalizar las grandes fortunas y patrimonios para que contribuyan a la creación de empleo y al bienestar común.
2.- Perseguir con ahínco el fraude fiscal, dentro y fuera de nuestro país, y los fondos depositados en los llamados paraísos fiscales, endureciendo para ello su tipificación penal y dotando a tal efecto a la inspección tributaria de todos los efectivos y la operatividad necesaria.
3.- Retirar las subvenciones públicas a los bancos y los avales públicos de sus préstamos obtenidos de organismos internacionales, de manera que sus directivos, pasados, presentes y futuros, sean los que respondan, con sus patrimonios si es preciso, de su solvencia y viablidad. En caso de que esto no fuera posible, los bancos serán nacionalizados y los directivos deberán asumir sus responsabilidades frente a la justicia.
4.- Exigir a los gobiernos estatal y autonómicos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los programas por los que fueron votados. En caso contrario, se procederá a la disolución de los respectivos parlamentos y a la convocatoria de nuevas elecciones, previo referéndum sobre una nueva ley electoral que respete los principios de elección directa (listas abiertas) y de estricta equivalencia en el valor de los votos.
5.- Adaptar los emolumentos de los representates políticos de cualquier tipo y escalafón, así como los gastos derivados del ejercicio de sus funciones, a lo establecido en el régimen general de la función pública en sus correspondientes niveles.
6.- Eliminar cualquier tipo de retribución, pensión o gratificación a los representantes políticos al cese de sus funciones, manteniendo sin embargo el derecho a la reincorporación inmediata, con todos los efectos, a su antigua ocupación en el sector público o privado, o bien arbitrando el acceso inmediato al subsidio por desempleo correspondiente -si esta fuera su situación anterior- o a la pertinente pensión por jubilación forzosa, si así lo determinará su edad o estado.
7.- Reformar la normativa legal necesaria para simplificar y agilizar la administración del estado mediante la supresión de órganos como, entre otros, el Senado y las Diputaciones -substituidas en su caso por mancomunidades de servicios acordadas libremente por los ayuntamientos-.
8.- Racionalizar la prestación de servicios por parte de la administración para evitar duplicidades entre el estado y cada una de las comunidades autónomas, mediante acuerdos bilaterales establecidos en cada caso a partir de estudios de técnicos independientes.
9.- Eliminar la subvención a la Iglesia Católica, así como sus exenciones fiscales, y también de cualquier otra Iglesia o culto religioso, que deberán ser mantenidos mediante las aportaciones voluntarias de sus fieles. Las tareas sociales que desempeñaran dichas instituciones, en su caso, serán asumidas por los servicios sociales del estado.
10.- Reducir sustancialmente la aportación del estado a la institución monárquica, cuya continuidad y funciones, en su caso, deberán ser sometidas a referèndum en el marco del necesario proceso de reforma de la constitución que algunas de las medidas propuestas comportan.
11.- Inventariar el conjunto de infraestructuras de todo tipo construídas con cargo a los fondos públicos y que actualmente no desempeñan sus funciones o no han llegado a finalizarse a efectos de dotarlas de nuevos usos económicos, sociales o culturales,o, si no fuera posible, estudiar su destino final en el contexto de una nueva ley de conservación y recuperación del medio ambiente.
12.- Todo esto debe ir acompañado de una política de generación de empleo, mediante la creación de empresas públicas o privadas y la reactivación del crédito, gracias a los fondos recuperados de las grandes fortunas, la recuperación de las subvenciones a bancos descapitalizados, el ahorro publico en instituciones, subvenciones y sueldos a políticos, altos cargos e instituciones, la racionalización y simplificación de la administración y la amortización de infraestructuras en desuso.
13.- Asimismo y en conjunción con lo anterior, se debe recuperar los niveles de estado de bienestar existentes antes de la llamada crisis, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia y la investigación.
14.- También deberá prestarse atención preferente a la mejora de sectores actualmente ineficientes con los consiguientes costos sociales y económicos, que van desde la administración de justicia hasta el transporte público, todo ello dentro del paradigma que nos define como un estado social de derecho y una sociedad democrática.
Invito al resto de ciudadanos y ciudadanas españolas a adherirse a esta propuesta, a difundirla y a hacerla pública, con el fin de mostrar claramente de forma masiva, cuál es el camino que exige el pueblo soberano en su conjunto para acabar con la situación de crisis en que nos hallamos inmersos y retomar de forma inmediata una ruta de progreso y justicia social.
Es un ejercicio de democracia directa que constituye nuestro derecho y nuestro deber y ante el cual sólo se pueden interponer intereses autoritarios incompatibles con la democracia.
