"O povo é quem mais ordena"

Vivimos en una sociedad democrática. Los poderes del estado se fundamentan y legitiman en nosotras y nosotros, el pueblo. No existe un poder estatal per se, no existe el estado al margen de la sociedad. El poder del estado no proviene de ninguna fuente sobrenatural o histórica sino de la delegación temporal que hacemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras de parte de nuestro propio poder, de nuestra voluntad y libre albedrío en determinadas personas que libremente y en concurrencia se ofrecen para representarnos, para usar los poderes que hemos depositado en sus manos para velar por nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestros intereses colectivos.

No hay más poder en el mundo que el que emana de cada ser humano, de su capacidad de decisión y acción. Ese poder puede ser arrebatado, y así ha sucedido a lo largo de la historia, por la fuerza de las armas o por el temor de los dioses, pero eso es lo que han intentado corregir las democracias parlamentarias, a costa de mucha sangre.

Nuestras democracias son imperfectas. Cada cuatro años, o cuando corresponda, votamos a nuestros y nuestras representantes, en base, como mucho, a unos programas que leemos o nos explican y sobre la ejecución de los cuales no tenemos ninguna capacidad de control. Más allá del acto trascendental de delegar nuestra soberanía mediante el voto, nuestra autoridad desaparece hasta la siguiente legislatura. Es más, la delegación de nuestra soberanía no se ejerce en personas determinades  sino en partidos-bloque, con lo cual, nuestra capacidad de pedir cuentas disminuye aún más. En la práctica, la democracia deriva en una partitocracia, en la cual, la voz del pueblo frente a desviaciones programáticas, por ejemplo, o coyunturas imprevistas y de especial gravedad, como la presente, no cuenta para nada. Ni siquiera la del diputado o diputada individual, sujeta a esa aberración democrática que denominan disciplina de voto.

Hay más, aunque no existe otro poder legítimo que el poder que emana del pueblo, existen los poderes fácticos, de hecho,  aunque no de derecho, que en las democracias occidentales se basan siempre en última instancia en el poder del dinero. Todo se compra y se vende en este mundo. Los medios de comunicación, que configuran la versión canónica de la realidad que se nos presenta cada día, las personas, por supuesto, que debemos cubrir nuestras necesidades y las de quienes dependen de nosotras, necesidades con frecuencia inventadas o acrecentadas por los mismos poderes fácticos. Y también el estado. Los partidos que aspiran a ser hegemónicos, y por tanto a aplicar su política, dependen para su financiación de esos mismos poderes fácticos, o, por lo menos, deben respetar determinadas líneas rojas que les vienen fijadas implícitamente, porque lo que sí es meridianamente claro es que nunca conseguirán ganar unas elecciones en contra de los poderes fácticos (que, entre otras cosas, dominan los medios de comunicación y por ende la realidad). Se puede optar por ser un partido testimonial, ciertamente, pero, en un parlamento ¿de qué sirve un partido testimonial? De la misma forma, dentro de los partidos se impone una jerarquí a y una ortodoxia. Quien pretenda salirse de ella pierde su puesto y no hay que olvidar que estos puestos, para muchas personas, se han convertido en un oficio, una colocación, una cómoda poltrona para toda la vida, aun suponiendo que la utilicen legalmente, sin aprovecharla para hacer trapicheos ilegales por las rendijas del sistema.

Finalmente, los poderes fácticos se infiltran, directamente o mediante testaferros en las instituciones del estado (el parlamento, el gobierno, el poder judicial…) o miembros de los poderes del estado son captados por los poderes fácticos y sirven y comparten sus intereses. Hay excepciones, claro, en todas partes hay personas honradas, pero son sustituibles.

Así pues, en la práctica se produce una superposición del estado respecto a la ciudadanía soberana, y otra superposición de los poderes fácticos por encima de los poderes del estado, con lo cual la lógica de la democracia se subvierte.

De ahí, por supuesto, que se rescaten los bancos con dinero público: si es nuestro dinero deberían ser nuestros bancos, que se nacionalicen. De ahí que no se ejerza la justicia redistributiva, que atentaría contra los intereses de los poderes fácticos, ni las democracias occidentales puedan ponerse de acuerdo para acabar con los paraísos fiscales. De ahí que se hayan privatizado tantas empresas públicas y se propongan privatizar más, empresas rentables que contribuían a sanear las arcas del estado, nuestras arcas. De ahí que se atente contra el núcleo duro del estado del bienestar, convirtiendo en la práctica la sanidad, la educación, las jubilaciones… en sectores sujetos a las leyes del mercado. De ahí tanta corrupción y apoltronamiento, de ahí tantas medidas políticas estúpidas que no han servido ni para lavar la cara de quien las ha propuesto y han cubierto el país (este país por lo menos) de infraestructuras absurdas e insostenibles. De ahí los cinco millones de parados, hijos de la desrregulada libertad de empresa.

Difícilmente vamos a poder inquietar a los poderes fácticos: no nos tienen miedo, nuestra movilización para ellos es anecdótica. Pero sí al estado, nuestra lucha debe ser política, transformar la democracia desde la democracia, el estado puede actuar sobre los poderes fácticos, aunque para eso debe regenerarse y atreverse a ello. En el fondo todo está en nuestras manos, aunque parezca mentira, el poder radica en el pueblo. Hace falta creérselo y activarse, que las vanguardias movilicen al resto del pueblo, que se vote con reflexión y con intención, y a continuación que se estreche el marcaje y la exigencia sobre los y las representantes políticos, para que la hermosa frase de José Afonso que encabeza este texto pueda ser verdad.